“A mi señor padre, el primer escritor que vi”. Artículo de Javier Marías (El País, 23 de abril de 1999)

¿Qué le parecería al terrateniente que a los setenta años de su muerte sus tierras pasaran a ser “del dominio público” y ya no pudieran seguir heredándolas de generación en generación sus descendientes? ¿O al banquero que su fortuna, transcurrido el mismo periodo, dejara de pertenecer a su familia? ¿Qué al panadero que ese fuera el destino de su panadería, al empresario el de sus empresas, al propietario de inmuebles el de sus casas, el del restaurante a su dueño, el de sus objetos al coleccionista? La pregunta es retórica: les parecería una expropiación póstuma, una confiscación, una requisa, un atropello a los muertos. Debo decir que no me parecería mal: de pasar todo al dominio público al cabo de un tiempo, hace mucho que apenas habría gente nacida rica; las monarquías, las dinastías y la nobleza carecerían de patrimonio y hasta la Casa de Alba se habría ido al traste; los privilegios no serían seculares; habría mayor igualdad de oportunidades. Lo que no me parece bien es que las cosas no sean así en general, y sí lo sean, en cambio, para los escritores y músicos. Son los únicos impedidos de legar indefinidamente a sus descendientes el resultado o producto de sus esfuerzos. Según los países y legislaciones, serán solamente sus hijos y acaso sus nietos quienes heredarán sus derechos de autor y se beneficiarán de lo que el escritor o el músico no ya poseyeron, sino inventaron, crearon, o , en frase anticuada, “sacaron de la nada”. En realidad las tierras del terrateniente y el dinero del banquero, el local del panadero y los objetos del coleccionista son menos suyos de lo que son del poeta sus versos o del compositor sus sinfonías, porque, por así decir, aquéllos no alumbraron sus propiedades, o éstas no dependieron de ellos para su existencia. Y sin embargo se permitirá a terrateniente, banquero, panadero y coleccionista ir legando sin límite aquello de lo que sólo fueron dueños, y erigir un patrimonio familiar. Al escritor, al músico, al que además de dueño es autor de sus bienes, se le impone un férreo límite en cambio: sus herederos disfrutarán de los dividendos que proporcione su obra hasta la segunda generación tan sólo. Después, esa obra será del dominio público, lo cual significa que podrán seguir sacándole beneficios los editores, las casas discográficas, los distribuidores, los libreros, los vendedores de discos, las salas de conciertos, las radios, las televisiones, los intérpretes musicales, los adaptadores teatrales y cinematográficos, los encargados de ediciones, los traductores… En suma, todo el que reproduzca o se ocupe de esa obra que no costará nada, todos menos los descendientes del creador, de biznietos para abajo. Paradójicamente, los biznietos y tataranietos del editor, del librero, del distribuidor y del vendediscos seguirán siendo dueños y titulares de lo que amasaron sus antepasados.

Se supone que todos sabemos más o menos -se supone- el porqué de estas excepciones. Las “obras de arte”, sobre todo al cabo de esos setenta u ochenta años, se consideran “de todos”, o “patrimonio cultural”, o aun “de la humanidad”, o “legado universal”, o “acervo histórico”, o cuantas cursis y ahuecadas expresiones quieran hallarse. Sea como sea, es lo que nos lleva a todos a estar de acuerdo en lo siguiente: sería intolerable, sería injusto que para leer a Shakespeare o a Cervantes, escuchar a Mozart o a Beethoven, dependiéramos de la codicia, la arbitrariedad, el capricho o la misantropía de unos remotísimos descendientes suyos, sin cuya autorización y visto bueno no pudieran esos autores ser editados ni representados ni interpretados, leídos ni oídos. ¿Se imaginan que un tataratataranieto de alguno de ellos nos impidiera -en su derecho- volver a echarnos el Quijote a los ojos o el Don Giovanni a los oídos? De modo que es eso lo que justifica y explica la expropiación, el atropello póstumo a los artistas: lo que hacen es tan maravilloso -cuando lo es- que no puede ser sólo suyo y de sus descendientes. Como sus creaciones son “de interés cultural” o incluso “nacional”, no deben pertenecer a nadie. En verdad se trata de una incongruente maldición: los artistas son tan admirables que se castiga a su linaje. Y no sé, yo creo que también las tierras y las fortunas y las panaderías son estupendas, de indudable “interés popular”, quizá lo más justo sería someterlas al mismo régimen hereditario. Quien esto escribe, al menos, no puede rebelarse mucho contra ese dominio público reservado a las obras de los artistas, pues más de una vez, por ejemplo, ha lamentado que aún no sean posibles unas obras completas de Valle-Inclán por causas de las rencillas entre sus vástagos, que poseen los derechos. Sí cree, sin embargo, que la injusticia cometida con los escritores y músicos por el bien de la ciudadanía y aun de la humanidad, debería ser compensada o paliada en vida de esos artistas, quizá eximiéndolos de pagar impuestos, dado que el producto de su tarea acabará por enriquecer a la nación en su conjunto, y no solamente, como sucede con el de los demás, a los de un mismo apellido. (Esa exención, dicho sea de paso, debería aplicarse a todos los escritores y músicos por igual, ya que el presente es siempre tan tuerto en lo que se refiere al arte que, con alguna que otra excepción segura en ambos extremos -quedará Mendoza sin duda, no quedarán a ciencia cierta esos perifollos de Del Pozo o Del Hoyo-, nunca podríamos saber quiénes “incrementarán el acervo” y quiénes darán solamente trabajo a las guillotinas y a algún librero de lance muy despistado).

Pero hay otro problema, acaso más acuciante. El conocimiento, el convencimiento de que las obras artísticas serán algún día de todos y de nadie, la conciencia de que su pertenencia y sujeción a un autor y a sus inmediatos herederos es algo meramente transitorio, una etapa o condición pasajera y, por lo tanto, hasta cierto punto “falsa” -en la medida en que contradice y contraría el verdadero destino de esas obras, el que resultará definitivo y perpetuo-, todo ello está haciendo que, en estos tiempos de prisas y anticipaciones, lo que los autores disponen respecto a sus escritos sea cada vez menos tenido en cuenta, casi como si ellos hubieran sido meros usufructuarios accidentales o aun usurpadores temporales de sus propias obras. Y así, se da a la luz sin vacilación cuanto un poeta o un novelista dejaron inédito, desde los borradores hasta las cartas personales, no digamos los textos que ellos negaron a la imprenta. Esa voracidad de “hallazgos” -sobre todo universitaria- no perdona ningún resto, y apenas nadie se pregunta acerca de la conveniencia, la consideración o el respeto. La probable o segura voluntad en contra del escritor muerto no cuenta. La coartada más extendida para la depredación es falaz casi siempre: cualquier papelajo garabateado por el ahora ilustre contribuiría “decisivamente” a la comprensión y análisis de su obra. No suele ser así. Casi nada añaden, las más de las veces, los bosquejos, los textos de infancia o primerísima juventud, los proyectos abandonados o la correspondencia privada de un autor al conjunto de lo que decidió publicar. Y la moda de los “inéditos”, jaleada infaliblemente por el papanatismo de la prensa cultural, llega al grotesco extremo de que se preste más atención a la lista de la compra de Conan Doyle, recién descubierta, que al corpus de Sherlock Holmes. No serán pocos los lectores actuales que conozcan la última birria de Lorca descartada por él y exhumada ahora por el especialista de turno y no hayan leído un verso de Poeta en Nueva York. La desfachatez llega a ser ultrajante a veces. Hace poco encontré reproducida parcialmente, en medio de un libro torcido, una carta que mi madre, Lolita Franco, escribió hace cuarenta y ocho años a Ortega y Gasset, de quien fue alumna y amiga. En ella se lee: “No le dije” (a una tercera persona que había tratado de sonsacarla), “ni le dije a nadie, que usted…”, y a continuación hay un par de reproches dolidos que el retorcido autor del torcido libro aprovecha para su esforzada tesis: “¿Ven qué clase de individuo inhumano y sin compasión era el maestro?”. Lo ultrajante y paradójico es que, lo fuera o no, su alumna, precisamente, no quiso contarle a nadie -sólo a él- cuán decepcionada se había sentido. No quiso revelarlo y no lo hizo. Y sin embargo hay un individuo ahora que se considera con derecho a divulgar eso callado durante casi medio siglo (él y quienes pusieran a su disposición esas cartas), lo que una persona muerta hace veintidós años le dijo exclusivamente a otra muerta hace cuarenta y cuatro. No, los muertos nunca pueden defenderse.

Hay un argumento especialmente irritante y cínico esgrimido a menudo por quienes publican las sobras o desperdicios póstumos de los escritores: “Podían haberlos quemado ellos mismos”, aducen; “si no lo hicieron es porque en el fondo deseaban que vieran la luz algún día”. Como si nadie supiera a ciencia cierta el día exacto de su muerte y no tuviera derecho a conservar sus papeles mientras viviera, sin que esa conservación equivalga a un tácito deseo de hacerlos públicos póstumamente. El argumento es tan ridículo que con él se da más peso a la no-destrucción del último día que a la voluntaria no-publicación durante meses y años. Esto en lo que respecta a los autores que no dejaron instrucciones precisas. Pero es que -lo más grave- ya tampoco se cumplen las de quienes sí las dejaron. Max Brod no obedeció las de su amigo Kafka, y los lectores del mundo le agradecemos sin duda que no quemara los manuscritos que hoy no conoceríamos. Tal vez pensó Brod que todas aquellas hojas no serían de nadie al cabo del tiempo, o sólo patrimonio de la lengua alemana, que no iba a destruir solamente por una contrariedad con remedio, una mera cuestión de tiempo no llegado. Dudo, en cambio, que Kafka, su amigo, apruebe su comportamiento si es que está en algún sitio desde el que pueda agradecer o reprochar, para sus adentros.

Ha habido numerosos casos de esto o de lo contrario (lady Isabel Burton, quemó los escritos más “obscenos” de su marido difunto, el capital Richard Francis Burton, sin que nadie se lo indicara), pero va a más, el caso omiso. A los pocos años de su muerte se editan todas las grabaciones del director de orquesta Sergiu Celibidache, quien se negó siempre a ello por considerar que la música -la que le importaba- no debía sobrevivir al instante de su ejecución o emisión. Da lo mismo, se buscan altruistas excusas, cómo privar a la humanidad de esas versiones incomparables aunque quien las hizo posibles hubiera decidido privarla, y sostenidamente. Más preciso todavía fue el austriaco Thomas Bernhard en sus últimas voluntades, en las que prohibió la representación de sus obras teatrales en Austria -mientras no pasaran al dominio público, obviamente-. Han bastado diez años para que sus propios parientes y amigos, en los que él confió, hayan levantado esa prohibición alegando razones tan supuestamente rectas como inaceptables: “Él habría cambiado de opinión”; “¿Dónde, sino en Viena, tiene más sentido que se vean sus obras?”; “Al fin y al cabo, la prohibición no alcanzaba a las que estaban ya en cartel en el momento de su muerte, así que…”. Así que legitiman una triquiñuela legal, en lugar de combatirla; así que se arrogan la interpretación de hipotéticos y futuros cambios de opinión o deseos del muerto, que era veleidoso; así que olvidan, en suma, que mientras no transcurran los célebres y enojosos setenta años, las obras de los artistas están aún sujetas a las decisiones de esos artistas. Ya es bastante con la expropiación póstuma. Que espere todo el mundo, al menos, hasta el día en que se la ejecute. Y que no se olvide, aunque cueste, que detrás de cada obra maestra hay o hubo un individuo con sus preferencias y sus pudores, sus aversiones y aun sus caprichos. Aunque su presencia o memoria sean sólo pasajeras, y nada más que un accidente que permanezca vivo o todavía se lo recuerde como persona, además de como productivo nombre.

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